GRUPO DE REFLEXIÓN RURAL
Este trabajo se ha realizado gracias a la colaboración de las poblaciones del interior de la Argentina.
Coordinación, recopilación y entrevistas periodísticas: María Inés Aiuto
Corrección:Clara Peña
Grupo de Reflexión Rural
contacto@grr.org.ar
www.grr.org.ar
Enero 2009
1. Introducción
Por Jorge Eduardo Rulli*
Este trabajo breve pero significativo, expresa la campaña “Paren de Fumigar” que está desarrollando el Grupo de Reflexión Rural desde principios del año 2006 y donde se han sumado otras organizaciones sociales y ambientales, tales como el CEPRONAT (Centro de Protección a la Naturaleza) de la ciudad de Santa Fe, y varias otras de las Provincias de Buenos Aires, de Córdoba y de Entre Ríos. Todo ello puede conocerse a través de la página http://www.grr.org.ar/campanapdf. El proyecto “Paren de Fumigar”, nació como gesto solidario a partir de conocer y de comenzar a respaldar, a partir del año 2005, a las de Madres de Ituzaingó Anexo, un grupo de mujeres que habitan un barrio periférico de la provincia de Córdoba, zona urbana gravemente afectado por el uso indiscriminado de agrotóxicos y donde existen más de 200 casos de cáncer, en una población de no más de 5.000 habitantes.
Este trabajo se sustenta en los informes suministrados por los pobladores de algunas de las muchísimas localidades afectadas y en ellos se exponen problemas concretos de cada lugar originados directa o indirectamente por la acción de los plaguicidas. No es casual que la mayoría de las denuncias sean de las provincias de Córdoba y de Santa Fe. Estas son las principales áreas productoras de soja transgénica, cultivo que ha provocado un aumento exponencial en el uso masivo de agrotóxicos.
Los testimonios de los pueblos afectados evidencian la poca información y conciencia de los productores y las instituciones gubernamentales en los problemas generados por la apuesta a un cultivo “rentable” y hegemónico en la agricultura argentina, en desmedro de la protección del medio ambiente y de la salud humana. En la actualidad, la Argentina posee más de 18 millones de hectáreas sembradas con soja transgénica y consume entre 180 y 200 millones de litros de glifosato por año, más precisamente Roundup, la marca comercial que comprende la mezcla del glifosato con el POEA, herbicida que es componente insustituible del paquete tecnológico de esta agricultura industrial, que incluye la siembra directa y las semillas RR, Roundup Ready, y que ha devenido en el patrón agroquímico de uso más generalizado en todo el territorio.
*Jorge Eduardo Rulli es coordinador de la “Campaña Paren de Fumigar” que se lleva a cabo en las principales provincias sojeras desde hace cuatro años y que ahora presenta este informe a la opinión pública. Militante político desde muy joven, fue luego de 1955 uno de los fundadores de la Juventud Peronista. Pasó más de diez años en la cárcel y fue torturado en más de una oportunidad hasta la agonía. Hoy es un pensador prolífico y multifacético que acostumbra vincular los imaginarios revolucionarios del pasado con los nuevos desafíos globales. A mediados de los años 90 participó en la fundación del Grupo de Reflexión Rural que ha llevado desde entonces el peso de las denuncias contra el modelo biotecnológico de producción de commodities. Actualmente, conduce en Radio Nacional AM 870 “Horizonte Sur” - http://horizontesur.com.ar/radio/ - un programa radiofónico que combina el pensamiento nacional con las luchas antiglobales. Habita con su familia en Marcos Paz, en una minúscula granja en que lleva a cabo sistemas permaculturales de autoconsumo y prácticas neocampesinas de agricultura ecológica.
Trabajo completo en pdf
sábado, 31 de enero de 2009
¿ES SOLO EL GLIFOSATO? ACERCA DE LA UTILIZACIÓN E IMPACTO D E LOS PLAGUICIDAS EN LA AGRICULTURA ARGENTINA
Algunas preguntas y respuestas básicas (Enero 2009)
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
javierrapal@yahoo.com.ar
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL)
Pesticide Action Network PAN
Docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
Ing. Agr. Ms. Sc. Javier Souza Casadinho
javierrapal@yahoo.com.ar
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina (RAPAL)
Pesticide Action Network PAN
Docente de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires
Recientemente en la Argentina el fallo
del juez Carlos Mateu de la provincia de Córdoba puso las cosas en
su lugar, aplicando la ley determinó que la aplicación de
plaguicidas en la ciudad de ituzaingó se realice a más de 1.500
metros de las viviendas de la comunidad. El fallo hace justicia y se
relaciona con una lucha que desde hace años llevan adelante las
madres de ituzaingó y pone sobre el tapete el impacto de las
fumigaciones aéreas y su relación con el deterioro en la salud.
Pero a su vez da pié a un debate que se debe dar en torno a la
utilización de los agrotóxicos y los problemas agromédicos que de
esta utilización se derivan.
En torno a ello se dan algunas
preguntas que debe inspirar profundas reflexiones: ¿el problema se
origina solo en el cultivo de soja? ¿Qué sucede en otras
actividades agrícolas? ¿Es solo un problema del herbicida
glifosato? ¿Se utilizan más o menos productos químicos que años
atrás? ¿Se dan solamente en las fumigaciones aéreas? ¿Es un
problema de administrar la ley o la legislación es insuficiente?
¿Existe investigación científica sobre el impacto de los
plaguicidas en la salud? ¿Puede existir una aplicación correcta?
¿Es un problema en la etapa de aplicación o se vincula con todas
las etapas del uso de plaguicidas? ¿Es posible producir alimentos en
cantidad suficiente, de alta calidad intrínseca y en forma rentable
sin utilizar plaguicidas?
Vamos por partes.
- ¿Es un problema restringido al cultivo de soja?
jueves, 29 de enero de 2009
Por impacto en la salud de la población: Solicitan investigar el uso de agroquímicos en el Chaco
El diputado del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, presentó una iniciativa legislativa para que en la provincia se conforme una comisión que investigue la utilización de agroquímicos, en sintonía con la creada a nivel nacional por decreto presidencial.
En el marco de una iniciativa presentada con la finalidad de rescatar el Decreto 21/2009 del Poder Ejecutivo Nacional de creación de una comisión nacional para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten la salud de la población y el ambiente con productos agroquímicos, y cuyo determinante principal fueran las denuncias del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, el diputado provincial chaqueño solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de un procedimiento similar en la Provincia.
A través del Proyecto de Resolución 4/2009, se propone la creación de un procedimiento de similares características al nacional para determinar la situación al respecto en la Provincia y establecer una apoyatura a la representación provincial en la mencionada Comisión Nacional, que otorgue además amplia participación a sectores de la sociedad interesados en participar.
El diputado San Cristóbal fundamentó su petición en “el creciente uso de agroquímicos que el actual modelo agropecuario implantó, que ha sido cuestionado desde hace bastante tiempo por organizaciones sociales de diverso tipo por sus efectos económicos, sociales y productivos. El modelo de un campo sin campesinos se ha extendido y se profundiza. En los últimos días ha sido difundida una resolución judicial respecto de un barrio de la ciudad de Córdoba, Ituzaingó Anexo, por la cual se impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. Después de un largo trajinar las “Madres de Ituzaingó” lograron que su reclamo sea atendido por la justicia y que el Poder Ejecutivo Nacional acceda a realizar una investigación al respecto.
Voces que no tuvieron eco
Vale recordar que en diciembre de 2008, Chaco Día Por Día publicó dos entrevistas en las cuales un intendente del sudoeste chaqueño y un especialista médico alertaban sobre la profusión de casos de cáncer y malformaciones genéticas advertidas en la población de esas zonas de la provincia y los vincularon directamente al contacto con productos agroquímicos, puntualmente al glifosato, el principal agroquímico que conforma el “paquete” de la producción sojera, multiplicada exponencialmente a partir de la expansión de la frontera agropecuaria.
El intendente de Santa Sylvina, Gustavo Steven, y el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IMR, Doctor Horacio Lucero, habían alertado sobre la cuestión, pero no tuvieron ningún eco en la provincia del Chaco, y fue la Presidencia de la Nación la que decidió encomendar al Ministerio de Salud de la Nación la creación de una comisión que investigue sobre el impacto de los agroquímicos en la salud de la población, en base al caso del barrio Ituzaingó Anexo de la capital cordobesa, en el cual, por orden judicial, fueron limitadas las fumigaciones de las plantaciones de soja adyacentes a ese barrio de las afueras de Córdoba.
Fuente: Chaco día por día
En el marco de una iniciativa presentada con la finalidad de rescatar el Decreto 21/2009 del Poder Ejecutivo Nacional de creación de una comisión nacional para la investigación, prevención, asistencia y tratamiento en casos de intoxicación o que afecten la salud de la población y el ambiente con productos agroquímicos, y cuyo determinante principal fueran las denuncias del barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba, el diputado provincial chaqueño solicitó al Poder Ejecutivo Provincial la implementación de un procedimiento similar en la Provincia.
A través del Proyecto de Resolución 4/2009, se propone la creación de un procedimiento de similares características al nacional para determinar la situación al respecto en la Provincia y establecer una apoyatura a la representación provincial en la mencionada Comisión Nacional, que otorgue además amplia participación a sectores de la sociedad interesados en participar.
El diputado San Cristóbal fundamentó su petición en “el creciente uso de agroquímicos que el actual modelo agropecuario implantó, que ha sido cuestionado desde hace bastante tiempo por organizaciones sociales de diverso tipo por sus efectos económicos, sociales y productivos. El modelo de un campo sin campesinos se ha extendido y se profundiza. En los últimos días ha sido difundida una resolución judicial respecto de un barrio de la ciudad de Córdoba, Ituzaingó Anexo, por la cual se impide utilizar agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas y, si las fumigaciones son aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1500 metros. Después de un largo trajinar las “Madres de Ituzaingó” lograron que su reclamo sea atendido por la justicia y que el Poder Ejecutivo Nacional acceda a realizar una investigación al respecto.
Voces que no tuvieron eco
Vale recordar que en diciembre de 2008, Chaco Día Por Día publicó dos entrevistas en las cuales un intendente del sudoeste chaqueño y un especialista médico alertaban sobre la profusión de casos de cáncer y malformaciones genéticas advertidas en la población de esas zonas de la provincia y los vincularon directamente al contacto con productos agroquímicos, puntualmente al glifosato, el principal agroquímico que conforma el “paquete” de la producción sojera, multiplicada exponencialmente a partir de la expansión de la frontera agropecuaria.
El intendente de Santa Sylvina, Gustavo Steven, y el Jefe del Laboratorio de Biología Molecular del IMR, Doctor Horacio Lucero, habían alertado sobre la cuestión, pero no tuvieron ningún eco en la provincia del Chaco, y fue la Presidencia de la Nación la que decidió encomendar al Ministerio de Salud de la Nación la creación de una comisión que investigue sobre el impacto de los agroquímicos en la salud de la población, en base al caso del barrio Ituzaingó Anexo de la capital cordobesa, en el cual, por orden judicial, fueron limitadas las fumigaciones de las plantaciones de soja adyacentes a ese barrio de las afueras de Córdoba.
Fuente: Chaco día por día
martes, 6 de enero de 2009
Carta de Lectores: Cuestiona el premio a empresa multinacional
Señor director de NORTE:
En el 2005 se instituyó un premio por parte del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y la empresa Monsanto, trístemente célebre laboratorio norteamericano especializado entre otras cosas, en fabricar venenos de alta toxicidad y efectos negativos sobre la salud de la población y el ambiente en general, y ahora empeñado en cobrar las patentes por las semillas modificadas genéticamente.
El premio fue cuestionado severamente por el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología de la República Argentina, lo que dignifica a los científicos que lo integran. Esto pone en evidencia el poder de esa multinacional que desde hace años viene seduciendo a miles de productores con el canto de sirena de la mayor producción y los mejores rindes, pero con impactos ambientales altamente negativos que hoy han transformado el país en una especie de “pampa húmeda” aún en lugares al borde de la desertificación, lo que está acelerando este proceso y amenazando con seguir expulsando a millones de pequeños productores desahuciados, que no pueden competir con la tecnología que exige la siembra directa y los controles especializados necesarios, y que emigran a las ciudades intermedias en busca de mejor calidad de vida. Lamentablemente, lo único que consiguen en su mayoría- es hacinarse en villas miserias y en lugares inundables e insalubres, lo que aumenta su marginalidad y exclusión. Desde hace años la Fundación Ambiente Total viene denunciando estos problemas que lejos de solucionarse, se agravan cada día más, como lo demuestran las actuales y bien fundadas denuncias del Centro de Estudios Nelson Mandela.
Ignoramos qué sucedió finalmente con dicho premio y si entró en vigencia. Ya sabemos que Monsanto fue acusada por aquella época de violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero por el pago ilegal de 50 mil dólares (algo más de 38 mil euros) a un alto funcionario del Ministerio del Ambiente de Indonesia y su certificación falsa como ‘cargos de consultoría‘ en los libros de la compañía. Este soborno pretendía la aprobación de un estudio de impacto ambiental indonesio requerido para permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM). Nuestra participación en el Curso de Bioseguridad al que fuimos invitados en 2007 en Perú, nos permitió conocer más entretelones sobre este impúdico hecho, e incluso conocimos a uno de los profesionales -expertos en manipulación genética- involucrado en hechos similares.
Los cargos por aquella práctica corrupta fueron presentados en 2005 en el distrito de Columbia y Monsanto ha aceptado pagar una multa de un millón de dólares (764 mil euros). Fue un hecho reconocido, entonces.
Otra canallada de esta empresa es más vieja pero no por eso menos trágica y vergonzosa: no debemos olvidar que fue la fabricante del tristemente célebre “agente naranja”, con el cual el ejército de los Estados Unidos desfolió la jungla en la guerra del Vietnam. Hay millonarios juicios que han realizado a Monsanto los veteranos de guerra norteamericanos, pero también sus descendientes, con gravísimos problemas de salud originados en la contaminación producida por dicho producto químico, que afecta el sistema nervioso y produce alteraciones genéticas y cáncer. ¿Qué puede premiar esta empresa y cómo se justifica su asociación con el Conicet, que sostenemos todos? ¿Qué garantía nos ofrecen las investigaciones que reciban este premio? Deberemos cuidarnos de todo esto, no sea que estemos colaborando, como idiotas útiles, en incubar el huevo de la serpiente. Y no olvidemos que de aquella trágica experiencia del agente naranja, al parecer no se ha aprendido: los desfoliantes actuales son parientes demasiado cercanos de aquel producto nefasto.
JORGE CASTILLO
Fundación Ambiente Total
-Resistencia-
Publicada en Diario Norte (Resistencia, Chaco)
En el 2005 se instituyó un premio por parte del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) y la empresa Monsanto, trístemente célebre laboratorio norteamericano especializado entre otras cosas, en fabricar venenos de alta toxicidad y efectos negativos sobre la salud de la población y el ambiente en general, y ahora empeñado en cobrar las patentes por las semillas modificadas genéticamente.
El premio fue cuestionado severamente por el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología de la República Argentina, lo que dignifica a los científicos que lo integran. Esto pone en evidencia el poder de esa multinacional que desde hace años viene seduciendo a miles de productores con el canto de sirena de la mayor producción y los mejores rindes, pero con impactos ambientales altamente negativos que hoy han transformado el país en una especie de “pampa húmeda” aún en lugares al borde de la desertificación, lo que está acelerando este proceso y amenazando con seguir expulsando a millones de pequeños productores desahuciados, que no pueden competir con la tecnología que exige la siembra directa y los controles especializados necesarios, y que emigran a las ciudades intermedias en busca de mejor calidad de vida. Lamentablemente, lo único que consiguen en su mayoría- es hacinarse en villas miserias y en lugares inundables e insalubres, lo que aumenta su marginalidad y exclusión. Desde hace años la Fundación Ambiente Total viene denunciando estos problemas que lejos de solucionarse, se agravan cada día más, como lo demuestran las actuales y bien fundadas denuncias del Centro de Estudios Nelson Mandela.
Ignoramos qué sucedió finalmente con dicho premio y si entró en vigencia. Ya sabemos que Monsanto fue acusada por aquella época de violar el Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero por el pago ilegal de 50 mil dólares (algo más de 38 mil euros) a un alto funcionario del Ministerio del Ambiente de Indonesia y su certificación falsa como ‘cargos de consultoría‘ en los libros de la compañía. Este soborno pretendía la aprobación de un estudio de impacto ambiental indonesio requerido para permitir el cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM). Nuestra participación en el Curso de Bioseguridad al que fuimos invitados en 2007 en Perú, nos permitió conocer más entretelones sobre este impúdico hecho, e incluso conocimos a uno de los profesionales -expertos en manipulación genética- involucrado en hechos similares.
Los cargos por aquella práctica corrupta fueron presentados en 2005 en el distrito de Columbia y Monsanto ha aceptado pagar una multa de un millón de dólares (764 mil euros). Fue un hecho reconocido, entonces.
Otra canallada de esta empresa es más vieja pero no por eso menos trágica y vergonzosa: no debemos olvidar que fue la fabricante del tristemente célebre “agente naranja”, con el cual el ejército de los Estados Unidos desfolió la jungla en la guerra del Vietnam. Hay millonarios juicios que han realizado a Monsanto los veteranos de guerra norteamericanos, pero también sus descendientes, con gravísimos problemas de salud originados en la contaminación producida por dicho producto químico, que afecta el sistema nervioso y produce alteraciones genéticas y cáncer. ¿Qué puede premiar esta empresa y cómo se justifica su asociación con el Conicet, que sostenemos todos? ¿Qué garantía nos ofrecen las investigaciones que reciban este premio? Deberemos cuidarnos de todo esto, no sea que estemos colaborando, como idiotas útiles, en incubar el huevo de la serpiente. Y no olvidemos que de aquella trágica experiencia del agente naranja, al parecer no se ha aprendido: los desfoliantes actuales son parientes demasiado cercanos de aquel producto nefasto.
JORGE CASTILLO
Fundación Ambiente Total
-Resistencia-
Publicada en Diario Norte (Resistencia, Chaco)
sábado, 3 de enero de 2009
Chaco: La actividad arrocera no atenta contra la calidad del agua de la laguna Las Palmas
Debido a notas publicadas recientemente en medios periodísticos que advierten sobre la posible contaminación del agua en Las Palmas y La Leonesa relacionándolas con la actividad arrocera, el productor del rubro, Eduardo Meichtry consideró necesario realizar algunas precisiones respecto al manejo hidráulico del sistema de riego diseñado para la producción de arroz en la zona mencionada.
“Es de conocimiento público de los habitantes de La Leonesa y Las Palmas, afirma Meichtry, que la laguna conocida como El Moncholo o Las Palmas es usada como reservorio de agua por la empresa Sameep (Servicio de Agua y Mantenimiento, empresa del Estado Provincial) y además, con otros fines comunitarios. Para que este cuerpo de agua brinde adecuadamente dichas prestaciones a las cuales la comunidad tradicionalmente está acostumbrada, hay que mantener un nivel que permita un abastecimiento regular. Para lograrlo se cuentan con dos opciones; una, la más antigua, es la utilización de una obra realizada originalmente por el ex Ingenio Las Palmas, que por un sistema de compuertas y canales capta agua del Arroyo Caracol y la conduce a dicha laguna. Esta opción tiene la limitante que en años de escasas precipitaciones el arroyo no colecta agua por lo que se hizo necesario implementar un aprovisionamiento desde el río Paraguay. En un recorrido de 6 kilómetros de canal, con dos estaciones de bombeo, el agua que viene directamente del río, sin ser utilizada previamente para riego, ingresa a la Laguna Las Palmas por el último tramo del canal que se menciona más arriba (canal del Caracol). En ninguno de estos canales ingresa agua de los lotes de cultivo.
El sistema de drenajes (desagües) es independiente del sistema de canales de riego.
El esquema de drenes está diseñado para que el excedente de agua a evacuar se dirija hacia el Riacho San Fernando y el Arroyo Quia, sin posibilidad alguna de escurrir hacia la laguna de referencia.
En estos últimos años, donde se han manifestado importantes déficit hídricos, de no existir la opción de abastecer de agua a la laguna por medio del sistema de bombeo y canal desde el Río Paraguay, la provisión de agua potable a las ciudades de La Leonesa y Las Palmas hubiera colapsado. Por otra parte, contar con un sistema que permita las veces que sea necesaria disponer de un volumen de agua que mantenga bien cargada la laguna, contribuye a mejorar y facilitar el trabajo de potabilización.
En otro orden de cosas, es preciso recordar que la arrocera está instalada desde el año 1981, desde entonces a esta parte la urbanización avanzó en La Leonesa hacia los límites del predio, en la zona conocida como barrio La Ralera. Atendiendo a esta realidad, por propia decisión en los lotes que se encuentran próximos a esta zona urbana no se realizan desde hace algunos años pulverizaciones aéreas ni se sobrevuela el lugar con ese fin.
“Es de conocimiento público de los habitantes de La Leonesa y Las Palmas, afirma Meichtry, que la laguna conocida como El Moncholo o Las Palmas es usada como reservorio de agua por la empresa Sameep (Servicio de Agua y Mantenimiento, empresa del Estado Provincial) y además, con otros fines comunitarios. Para que este cuerpo de agua brinde adecuadamente dichas prestaciones a las cuales la comunidad tradicionalmente está acostumbrada, hay que mantener un nivel que permita un abastecimiento regular. Para lograrlo se cuentan con dos opciones; una, la más antigua, es la utilización de una obra realizada originalmente por el ex Ingenio Las Palmas, que por un sistema de compuertas y canales capta agua del Arroyo Caracol y la conduce a dicha laguna. Esta opción tiene la limitante que en años de escasas precipitaciones el arroyo no colecta agua por lo que se hizo necesario implementar un aprovisionamiento desde el río Paraguay. En un recorrido de 6 kilómetros de canal, con dos estaciones de bombeo, el agua que viene directamente del río, sin ser utilizada previamente para riego, ingresa a la Laguna Las Palmas por el último tramo del canal que se menciona más arriba (canal del Caracol). En ninguno de estos canales ingresa agua de los lotes de cultivo.
El sistema de drenajes (desagües) es independiente del sistema de canales de riego.
El esquema de drenes está diseñado para que el excedente de agua a evacuar se dirija hacia el Riacho San Fernando y el Arroyo Quia, sin posibilidad alguna de escurrir hacia la laguna de referencia.
En estos últimos años, donde se han manifestado importantes déficit hídricos, de no existir la opción de abastecer de agua a la laguna por medio del sistema de bombeo y canal desde el Río Paraguay, la provisión de agua potable a las ciudades de La Leonesa y Las Palmas hubiera colapsado. Por otra parte, contar con un sistema que permita las veces que sea necesaria disponer de un volumen de agua que mantenga bien cargada la laguna, contribuye a mejorar y facilitar el trabajo de potabilización.
En otro orden de cosas, es preciso recordar que la arrocera está instalada desde el año 1981, desde entonces a esta parte la urbanización avanzó en La Leonesa hacia los límites del predio, en la zona conocida como barrio La Ralera. Atendiendo a esta realidad, por propia decisión en los lotes que se encuentran próximos a esta zona urbana no se realizan desde hace algunos años pulverizaciones aéreas ni se sobrevuela el lugar con ese fin.
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