Por Alberto J. Lapolla *
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| Imagen: Alejandro Elias |
El cultivo de soja transgénica forrajera ocupa ya más del 50 por ciento de la producción de granos y el 55 por ciento de la superficie agrícola sembrada, pero si en realidad consideráramos la superficie agrícola original de este proceso, allá por 1995, la expansión es muchísimo mayor. La superficie sembrada hoy con soja RR supera a toda el área sembrada en 1995. Esto implica que para llegar a los 35 millones de hectáreas actuales se debió ocupar una enorme cantidad de tierras históricamente destinadas a la ganadería, a la lechería, al monte frutal, a la horticultura, al monte virgen, a la apicultura, a la producción familiar, y a otros cultivos que fueron desplazados por la soja como el girasol, el maíz, la batata y el algodón. La superficie sojizada crece año a año a costa de otras producciones. Así, en 2004, la superficie agrícola total era de 27 millones de hectáreas mientras que hoy ya superamos las 35 millones, cifra equivalente al 12,5 por ciento de la superficie del país.
El pool sojero multinacional que controla y domina el “negocio” estima que para 2017 la superficie agrícola argentina orillará las 120 millones de hectáreas. Algo así como el 43 por ciento de la superficie nacional, un verdadero disparate ambiental y agronómico. La sojización desenfrenada, lejos de ser un hecho saludable, constituye un verdadero problema para la economía nacional y la protección de nuestro ecosistema agrícola.
Pero lo es también para la vida misma de nuestros habitantes. Sólo 19 naciones en el mundo permiten el cultivo de variedades transgénicas –es decir modificadas genéticamente (OGM)– de manera libre y sólo 5 lo permiten en gran escala: la Argentina es una de ellas, siendo la que posee la mayor superficie relativa de OGM sembrada de manera abierta en el mundo.
Peor aún, el 99 por ciento de la soja sembrada en nuestro país es transgénica. El saber científico actual, aportado por el estudio del genoma humano, ha demolido la teoría de base de la transgenia: “un gen una proteína”, sumiendo a los científicos empleados de las multinacionales en el desconcierto y el ocultamiento. De hecho desconocemos qué efectos puedan producir los OGM en el ecosistema global y en la salud humana, a mediano y largo plazo. La OMS ha señalado que desde 1995, fecha en que los cultivos transgénicos hicieron su irrupción, el 65 por ciento de las afecciones de la población mundial está relacionado con la alimentación.
¡Ay Felipe!
Monsanto culminó el proceso de estabilización de la soja RR en 1993, ya en 1994 fue aprobada por el organismo correspondiente al control alimentario de los EE.UU., con la oposición de las Agencia Nacional Ambiental (USDA). Las fuertes presiones de la empresa lograron que al año siguiente, la USDA aprobara la liberación de la soja RR. Entre la estabilización de la soja RR y su lanzamiento al ecosistema mundial apenas transcurrieron dos o tres años, lapso insuficiente para evaluar efectos ambientales sobre el conjunto del ecosistema global a corto, mediano y largo plazo. Pero lo más grave que nos compete es que en 1995, el entonces secretario de Agricultura de Menem, Felipe Solá, autorizó la liberación de la soja RR en Argentina sin ningún estudio previo que avalara la decisión. De allí en más nada la ha detenido, produciendo graves efectos ambientales, sociales, sanitarios y estructurales.
